Por las irregularidades presentadas para la construcción de
10 establecimientos de reclusión del orden nacional en el país , como medida
para reducir los índices de hacinamiento carcelario, la Procuraduría General de
la Nación, en fallo de primera instancia, sancionó a los miembros del comité
operativo creado las instituciones para garantizar el adecuado cumplimiento del
convenio.
Tres de los integrantes del citado comité, funcionarios
públicos, fueron sancionados con destitución e inhabilidad general para ejercer
cargos públicos y con multa e inhabilidad para ejercer funciones públicas fue
sancionado el particular (disciplinable) miembro del comité. Dentro de la
determinación disciplinaria también se destituyó e inhabilitó para ejercer
cargos públicos al supervisor del citado convenio.
Señala el Ministerio Público que para reducir los niveles de
hacinamiento de la población reclusa presentados en el país se definió a través
de los CONPES 3277 de marzo 15 de 2004 y CONPES 3412 del 6 de marzo de
2006 la estrategia para la expansión de
la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios, en 24.331 cupos. Para cumplir con esta política de Gobierno el
Ministerio del Interior y Justicia suscribió con Fonade el convenio 150 o
195073 de 2005 a través del cual se
ejecutaría la construcción y dotación de infraestructura penitenciaria y
carcelaria del orden nacional de Medellín, Puerto Triunfo, Jamundí, Acacías,
Ibagué, Florencia, Guaduas, La Picota (Bogotá), Yopal y Cúcuta..
La falta disciplinaria fue calificada definitivamente como
gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental
De otra parte se encontró responsable disciplinariamente al
señor Luis Fernando Castaño Ortiz, supervisor
del convenio .Los demás afectados
con la decisión disciplinaria son:
Gerardo Antonio Zúñiga Sánchez, secretario general del
Ministerio del Interior y Justicia Ricardo Enrique Zerrate Sánchez, director
técnico de la planta global de la Dirección de Infraestructura del Ministerio
del Interior
Alberto Cardona Botero, subgerente técnico vinculado al Fondo
Financiero de Proyectos de Desarrollo de Fonade; ,Jaime Eduardo Botero Gómez,
gerente del convenio ;Luis Fernando Cataño Ruiz, servidor del Ministerio del
Interior y Justicia. Contra esta determinación de primera instancia procede el
recurso de apelación.