De Juan Ricardo Díaz Ayure.
Es difícil reflexionar
sobre la salud mental de los colombianos cuando el énfasis de las políticas
está puesto en su bienestar físico. Más complicado todavía cuando ese énfasis
está organizado por un sistema de seguridad social ineficiente y endeudado que
delega el cuidado de la vida al sector privado (corrupto en muchos casos).
Pero no por eso se debe
dejar de hablar sobre aquello de lo que no se habla y causa cierto malestar.
Por ejemplo, de la salud mental de los colombianos, de la salud mental de los
afectados por el conflicto armado y, en especial, la de quienes sufren por su
condición de excombatientes.
De acuerdo con las
cifras del Hospital Militar, antes de la desmovilización de la guerrilla de las
Farc se registraban hasta mil militares heridos en combate cada año. Es decir,
entre dos y tres por día. Los datos más recientes, del año pasado, señalan una
reducción del 97 por ciento en el número de afectados. Por supuesto, estas
estadísticas se refieren tan solo a las afectaciones físicas. Poco se sabe
acerca del estado psicológico de quienes han vivido expuestos a condiciones de
confrontación armada.
Pero hay ciertos indicios.
Por ejemplo, en el 2015, la teniente coronel Rosmery Garzón, entonces
coordinadora de psiquiatría del Ejército, calculó que el 22 por ciento de
quienes componían esa fuerza padecían de estrés postraumático. Así mismo,
señaló que existían otros grupos de combatientes, no bien definidos, con
cuadros clínicos asociados con la depresión, la ansiedad y el trastorno bipolar
de personalidad. Por la falta de tratamiento, la mayoría de estos casos tienen
una alta probabilidad de convertirse en crónicos.
Importa señalar que los
causantes de esta sintomatología son tanto la crudeza de las experiencias
asociadas con el conflicto armado como la vulnerabilidad social, afectiva,
familiar y económica de la cual provienen la inmensa mayoría de combatientes
rasos que engrosan las Fuerzas Armadas regulares e irregulares.
Por justicia y por negocio
Sin embargo, Colombia
se rehúsa a reconocer la importancia del bienestar mental, y no solo de quienes
han peleado la guerra, sino de la población en general.
Sórdida realidad cuando
se compara con la de países como Inglaterra, que desde el 2008 avanza hacia un
sistema gratuito para atender la salud mental de sus habitantes, con la
sorprendente y grata presentación de cifras como la de un millón de personas evaluadas
por año de funcionamiento.
Y no es porque esto sea
un lujo de una sociedad avanzada, sino porque los responsables de las políticas
se percataron de que este tipo de intervención es más económico para el
sistema; por ejemplo, mediante los cambios en materia de capacidades laborales
y productividad de las personas mentalmente sanas. De hecho, en Colombia, el
Hospital Militar ha asegurado que el trabajo en el bienestar mental contribuye
a la recuperación física de heridos en combate.
En Inglaterra se está
encontrando evidencia creciente sobre el hecho de que las atenciones en salud
mental contribuyen a reducir los niveles de agresividad, afectividad negativa y
uso de la violencia.
Pero Colombia está tan
lejos de esa realidad que hasta el acompañamiento a excombatientes
traumatizados por la violencia es una utopía. ¿Cuántos años más tendrán que
pasar para que se formalicen políticas públicas y programas dedicados a
trabajar con esa población? ¿Cuáles crisis y problemas asociados con el estado
mental de esas personas tendrán que vivir los colombianos para que las
autoridades del ramo lleven a cabo acciones en este campo?
En Estados Unidos, un
país con larga tradición guerrerista, es un hecho demostrado que una parte
significativa de los soldados que combatieron en Irak y Afganistán padecieron o
padecen algún síntoma asociado con el trastorno por estrés postraumático (TEP).
Este trastorno está
incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM) y
en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), que son referencias
y fuentes de consulta para el estudio y el diagnóstico de enfermedades mentales
en el mundo.
Estas fuentes nos
explican que el TEP es una respuesta en forma de malestar a un acontecimiento
estresante, amenazante o catastrófico relacionado con la exposición a la
muerte, lesiones graves, daño físico o violencia sexual; peligros a los que
suelen estar expuestos quienes participan en confrontaciones bélicas. Algunos
de los síntomas que se le asocian son: insomnio, reacciones con sobresalto
exagerado, sueños y recuerdos angustiosos, comportamiento irritable o
imprudente, autoaislamiento, autodestrucción, pesadillas, recurrencia de
escenas retrospectivas y estado emocional negativo.
Toda esta
sintomatología ha sido llevada al cine en películas como ‘Nacido el 4 de julio’
y, más recientemente, ‘Francotirador’.
En Estados Unidos, el
número de suicidios de veteranos de guerra no es nada despreciable. En ese
país, 41.000 personas se quitan la vida cada año, y la tasa de suicidios
aumentó 25 por ciento entre 1999 y el 2014.
Ha sido tal la magnitud
de este problema que en el 2015, el presidente Obama firmó la Ley Clay Hunt,
cuyo objetivo es mejorar los procesos de evaluación y prevención del suicidio
en veteranos de guerra, mediante acciones para mejorar su salud mental. Este,
sin duda, es un avance importante para Estados Unidos y una lección para otros
países en conflicto sobre la necesidad de abordar el problema de las
consecuencias psicológicas de la guerra de una manera seria, como una
preocupación básica de salud pública. Y no es para menos, cuando se sabe que la
sintomatología del TEP tiene como veredicto final el suicidio.
