Por millanotv.com
La Procuraduría General
de la Nación abrió investigaciones contra el exgobernador del Meta, Alan Jara
Urzola, por su presunta omisión de preservar los intereses del departamento en
el Fondo Ganadero del Meta (FGM) y por posible extralimitación en sus funciones
al asumir obligaciones crediticias de Llanopetrol.
En el caso del fondo
ganadero, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública
investiga a Jara Urzola, al representante del departamento ante el Fondo
Ganadero del Meta, Daniel Santiago Salazar Uribe, que a su vez era el
secretario de Desarrollo Agroeconómico y exdelegado especial del gobernador
ante la asamblea general de accionistas del Fondo Ganadero del Meta; y a Néstor
Ányelo Martínez Aldana, exgerente y representante legal del FGM.
El ente de control
busca establecer si se presentaron posibles irregularidades en la
administración del fondo, que tuvo como socios al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y a la Gobernación del Meta.
Al parecer, los
accionistas mayoritarios no tomaron las decisiones dirigidas a cumplir con
obligaciones establecidas en el acuerdo de reestructuración del fondo ganadero,
lo que habría llevado a su liquidación y a un eventual detrimento patrimonial
para el departamento.
En el caso de
Llanopetrol investiga si la Gobernación del Meta habría asumido obligaciones
crediticias de la empresa de petróleos como si se tratase de deudas propias del
departamento.
Por este caso se
investiga además del exgobernador al exsecretario de Hacienda, Jairo Frías Carreño;
exgerente de Tesorería, Óscar Arnulfo Lozano Ramos, y al exgerente de la
Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol), Ricardo Rodríguez Henao.
Entre las pruebas que
figuran en el expediente están cinco otrosíes firmados por el exgobernador Jara
Urzola para avalar estos compromisos financieros en su totalidad.
Según el informe de la
auditoría practicada por la Contraloría Departamental del Meta, la gobernación
pagó una deuda adquirida por la empresa de petróleos aduciendo un crédito de
tesorería, sin que hubiera celebrado convenio o contrato alguno, y sin que se
hubiera expedido certificado ni registro presupuestal.
El ente de control
ordenó la práctica de pruebas testimoniales y documentales a fin de esclarecer
los hechos objeto de investigación.
