D MARÍA JIMENA DUZÁN. Para Semana
La Fiscalía estaría
entregando información confidencial a una persona privada, violando la reserva
sumarial y afectando los procesos.
El fiscal general Eduardo Montealegre, quien nunca se ha impuesto límites a la hora
de magnificar sus logros, definió con esta frase grandilocuente los alcances
del decreto presidencial que le dio vía libre a la reestructuración de la
Fiscalía en enero de 2014: “Hoy se está
preparando a la entidad para que sea una Fiscalía del siglo XXI, una Fiscalía
moderna, capaz de enfrentar los nuevos desafíos de la criminalidad”.
Sin embargo, cuando El
Espectador denunció en septiembre de 2014 la existencia en la Fiscalía de una
nómina paralela al amparo de estos decretos de reestructuración y el fiscal ni
se inmutó, su Fiscalía del siglo XXI quedó tan maltrecha como el socialismo del
siglo XXI de Maduro.
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| Fiscal General de la nación |
Sin darse cuenta, le
dio la razón a sus críticos que cuestionaron esa reforma desde el inicio con el
argumento de que iba a utilizar el poder de contratación que se le confería
–¡3.500 nuevos cargos!–, para conseguir apoyos
políticos que le permitieran labrar una carrera que lo lleve a los más
altos designios del poder.
Uno de los contratos
que más me ha llamado la atención es el
N. 0013 firmado en enero de 2015 entre la Fiscalía y el cuestionado
exmagistrado Pedro Munar por 345.100.009 pesos. Sorprende que la Fiscalía del
siglo XXI necesite a un exmagistrado tan
desprestigiado como Munar, que además, acaba de ser destituido por el Consejo
de Estado en razón de que intentó imponer el yo te elijo, tú me eliges que
permitía la puerta giratoria, un vicio corrupto que afortunadamente suprimió la
reforma de equilibrio de poderes que el fiscal Montealegre quiere tumbar.
(Ahora sabemos por qué). Las razones por las cuales fue contratado son tan
pomposas como insulsas: “...de apoyo y asesoría jurídica en procesos
administrativos a cargo de la dirección nacional, de apoyo a la gestión pública
de la Fiscalía General, así como todo lo relacionado con la puesta en
funcionamiento del nuevo fondo especial para la administración de bienes de la
entidad…”.
Consulté con fuentes en
la Fiscalía y se me aseguró que para ninguno de estos objetos se necesitaba al
exmagistrado Munar y mucho menos se le requería para asesorar a la Fiscalía en
cómo gestionar todos los bienes incautados por esta entidad, cuando se hizo el
de la vista gorda a la hora de investigar a los congresistas que estuvieron
vinculados al saqueo de la Dirección Nacional de Estupefacientes cuando fue
magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Otro contrato que me llama la atención es el
que firmó la Fiscalía con Néstor Javier Osuna, el 8 de julio de 2015, días
después de que el doctor Osuna salió del Consejo Superior de la Judicatura por
un monto de 174 millones de pesos. El objeto del contrato es el de prestar
asesoría y acompañamiento en los temas derivados de la reestructuración. No
dudo de la idoneidad del exmagistrado Osuna, pero no le queda bien ni al fiscal
ni al exmagistrado que su nombre aparezca como contratista cuando todo el mundo
sabe que quien está impulsando la candidatura del exmagistrado Osuna como nuevo
registrador es el propio fiscal Montealegre.
Tampoco queda bien que
en este año 2015, aparezcan dos exmagistrados del Consejo de Estado que votaron
por la prórroga de su periodo con contratos en la Fiscalía como es el caso de
Berta Lucía Ramírez y Alfonso Vargas, por un monto de 345 millones de pesos y 517.266.666 pesos, respectivamente.
Frente a dos de los
contratos más onerosos hay serios reparos
que en otro país tendrían al fiscal bastante emproblemado. Un contrato
es el de Natalia Lizarazo, –mejor
conocida como Springer Von Schwarzenberg–, por un monto de más de 4.000
millones para ayudar a la Fiscalía en el procesamiento de datos en casos de
crímenes internacionales cometidos por las Farc, el ELN y las bacrim.
El otro, el del juez Baltasar Garzón, un lagarto
internacional que ha sido reencauchado por Montealegre –quien tiene contratos
por cerca de 1.200 millones, firmados entre 2013 y 2014-, para “apoyar al
despacho del fiscal en la investigación penal de la microcriminalidad en
contextos de justicia transicional”.
Para que la
Springer (¿o Lizarazo?) pueda hacer los algoritmos
“revolucionarios” que le prometió al fiscal debió tener acceso a los expedientes judiciales. Si
ese es el caso, la Fiscalía estaría entregando información confidencial a una
persona privada, violando la reserva sumarial y afectando los procesos en serio
detrimento de las víctimas. Pero además se le estaría entregando una
información confidencial a una farsante que se ha ganado la vida aparentando lo
que no es y a un lagarto internacional que no puede litigar en su país porque
está sancionado.
Según expertos
consultados por esta columna, estos contratos podrían dar lugar al delito de
contratación indebida, por el cual la Fiscalía tiene procesados a muchos
colombianos, entre los que se cuenta la excontralora Morelli.
El fiscal Montealegre
ha utilizado la reforma para impartir justicia con criterios políticos y para
seducir a magistrados, congresistas y periodistas a cambio de puestos y
contratos. En eso ha quedado reducida su
Fiscalía del siglo XXI.
