Este miércoles, Gambia
anunció que se retirará de la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal
dedicado a investigar crímenes de guerra y contra la humanidad, al acusar al
órgano de “perseguir a los africanos”. Gambia se une así a Burundi y Sudáfrica,
que también han comenzado el proceso para salir de la jurisdicción del tribunal
y que señalaron, a su vez, que se ha convertido en un “instrumento
colonialista” cuya fijación obsesiva son los gobiernos africanos.
Sudáfrica, el primer
país en anunciar su retiro, dijo que la legislación de la CPI entra en
conflicto con la inmunidad diplomática tal y como está planteada en su
país. Su retiro comenzó a gestarse en
junio de 2015, cuando el gobierno de Jacob Zuma permitió la entrada al país del
mandatario sudanés Omar al Bashir, sobre quien pesa una orden de captura por
crímenes contra la humanidad. Dado que Sudáfrica es miembro del tribunal,
estaba en la obligación —al menos en teoría— de detener a Al Bashir y
entregarlo a La Haya —la base de la CPI—. Sin embargo, Zuma argumentó por
entonces que el mandatario sudanés tenía inmunidad diplomática.
Para algunos analistas,
el acto de Zuma fue una forma de congraciarse con el resto de estados de la
Unión Africana, que desde la entrada en vigor de la CPI en 2002 la han
criticado por su presunta “parcialidad”. Tras la salida de Sudáfrica, que ya ha
sido notificada al tribunal, Burundi utilizó argumentos similares. Aunque
dichas actuaciones permiten pensar en una posible desbandada de los países
africanos de la CPI, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, negó que sea el
principio de una “desintegración” y que antes de retirarse los países debían
llevar sus críticas a la asamblea de Estados signatarios del Tratado de Roma
(por el que se creó la corte).
Para Luis Moreno
Ocampo, el primer fiscal que tuvo la corte entre 2003 y 2012, el retiro de
Gambia, Burundi y Sudáfrica deja desprotegidas a las minorías y deja el campo
abierto para que se cometan crímenes en su contra. La jurista sudafricana
Ángela Mudukuti dijo a la agencia EFE: “Estas retiradas son un duro golpe para
un tribunal que necesita precisamente más fuerza y apoyos”.
Sin embargo, para el
ministro de la Información de Gambia, Sheriff Bojang, la corte tiene un sesgo
claro: “Hay muchos países occidentales, al menos 30, que han cometido crímenes
de guerra contra estado soberanos y sus ciudadanos desde la creación de la CPI
y ningún criminal de guerra occidental ha sido imputado (…)”. Bojang aseguró
que la corte hace silencio frente a, por ejemplo, la responsabilidad del
exprimer ministro Tony Blair durante la guerra en Irak.
Marcos Peckel,
columnista de El Espectador, resaltó esta semana las razones de Sudáfrica para
retirarse: “Las razones aducidas por Pretoria resuenan en nuestro país: la
Corte es un impedimento para lograr acuerdos negociados de paz, sus estándares
de justicia no se compadecen con las realidades locales y desconoce los
beneficios últimos de firmar la paz sacrificando justicia (…). Con violaciones
de los derechos humanos y toda clase de crímenes rampantes en el mundo, la CPI
no tiene resultados que mostrar más allá de la condena a tres líderes de
grupúsculos rebeldes africanos”.
De acuerdo con los
reportes del tribunal, en este momento hay diez investigaciones en curso, nueve
de ellas en países africanos. Las examinaciones preliminares abren algo más el
foco: Colombia, Afganistán, Burundi (el presidente Pierre Nkurunziza,
investigado por la corte por los crímenes que se han cometido en los desmanes
en su país desde 2013, fue el que impulsó la salida de ese país), Gabón,
Guinea, Irak, Palestina, Nigeria, Grecia, Camboya y Ucrania. Ninguna potencia
europea es investigada.
La argentina Silvia
Fernández de Gurmendi, presidenta de la Corte, explicó al diario El País de
España que el tribunal tiene aún “límites normativos” y que no puede actuar
sobre países que no son miembros. Las investigaciones que realiza la corte,
señaló Fernández de Gurmendi, son complementarias. El tribunal actúa, como
explicó ese diario, cuando lo solicita un estado miembro y también cuando lo
solicite el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La CPI no es un órgano
universal. Siria, por ejemplo, donde una guerra de cinco años ha cobrado ya la
vida de más de 300.000 personas, no hace parte de su jurisdicción. Estados
Unidos, China, Rusia, Israel y todos los países del Golfo Pérsico no son
miembros de la CPI. En ese sentido, por ejemplo, la CPI no puede entrar a
juzgar la guerra en Yemen, en la que Arabia Saudita ha cometido atrocidades y
bombardeos indiscriminados, de acuerdo con organizaciones independientes.
Tampoco podría juzgar a Rusia por la guerra en Ucrania. Ni a Estados Unidos por
sus bombardeos en Siria.
La CPI carece, además,
de dientes jurídicos y militares. No tiene la potestad para castigar a un país
por no seguir el reglamento (como, por ejemplo, no pudo hacer nada contra Zuma
cuando no quiso capturar a Al Bashir) y carece de un equipo policial para hacer
ella misma las capturas.
