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miércoles, 27 de febrero de 2019

MILITARES PIDEN AL PRESIDENTE DUQUE SANCIONAR LA ESTATUTARIA DE LA JEP



Un grupo de uniformados que se acogieran al sistema de justicia transicional para recibir beneficios jurídicos le piden al mandatario que firme la norma, pues de lo contrario podrían regresar a prisión.

El senador Roy Barreras encabezó una rueda de prensa en la que 15 militares, beneficiados por la Jurisdicción Especial para la Paz, le solicitaron al presidente Iván Duque que sancione la ley estatutaria de la JEP, pues hoy estos uniformados están en libertad gracias a los beneficios jurídicos que se derivan del Acuerdo de Paz.

“Quiero pedirle al presidente Duque que sancione la estatutaria. Estuve 11 años y 28 días privado de la libertad, condenado e investigado por procesos relacionados con el conflicto. Si no pasamos esta página, tenemos el riesgo de volver a la cárcel. Estoy volviendo a estar con mi familia. Hay que dejar que la JEP haga su trabajo. Le pido al mandatario qué la sancione y evitemos que los militares quedemos en manos de la justicia ordinaria”, expresó el mayor (r) Gustavo Soto.

Lo secundó el también mayor retirado Álvaro Gamba, quien narró que gracias a la JEP recuperó su libertad y pudo volver a compartir con su familia. “Le pido al presidente que firme y nos permita disfrutar de la libertad”, puntualizó.

En este mismo sentido se pronunció el sargento (r) Jaque Morales: “Estuve 12 años en prisión. Fuimos estigmatizados, estuvimos en La Modelo y en La Picota. El conflicto hoy es político y tenemos la oportunidad de destapar la verdad que muchos sectores políticos no quieren. Los militares estamos comprometidos con la verdad”.

Por su parte, el senador Barreras fue enfático en que espera que el presidente Duque no se deje llevar por los malos consejos, que buscan conducirlo al error de objetar la ley con la intención de desatar un choque de trenes entre el Ejecutivo y las otras ramas del poder público. "Lo inconveniente no es la objeción, no es la ley. Lo inconveniente es el choque de trenes con las altas cortes y la JEP", agregó el parlamentario del Partido de la U.

Para Barrera, si "los malos consejeros hicieran equivocar al presidente y no sancionará la estatutaria, la Jep quedaría en un limbo jurídico, al igual que la seguridad jurídica de los militares. Lo que ocurre es que la JEP, cómo Corte, quedaría con la libertad de manera omnímoda, poderosa, porque no tendría reglamento ni estatuto y podría actuar por su cuenta, en su libre albedrío. Eso fortalece a los magistrados de la JEP, pero no a las personas que están en esos procesos”.

Respecto a la posibilidad de que el presidente Duque objete artículos puntuales de la norma, Barrares aclaró que eso no es posible pues la ley debería devolverse completa al Congreso, de donde, según el senador, no saldría nunca pues ni el gobierno ni quienes apoyan el Acuerdo de Paz tienen las mayorías para imponerse. Por eso, Barreras cree que el Centro Democrático está mal aconsejando al presidente Duque. “Empezando por Uribe, que ha dicho que lo que quiere es eliminar la JEP y de paso la Corte Suprema y la Corte Constitucional, al mejor estilo de Maduro. Un gobierno sin cortes o con cortes deslegitimadas. Pero estoy seguro que Duque, que tiene formación demócrata no valorará esos malos consejos, pues le harían un daño enorme frente a la comunidad internacional que ha pedido que sancione la ley”, concluyó.


CAE RED DE 'COYOTES' QUE LLEVABA A MIGRANTES QUE MURIERON EN NAUFRAGIO



Fueron capturadas 8 personas en Capurganá, Chocó. Se les imputarán cargos por trata.

Los delitos de homicidio culposo, concierto para delinquir y tráfico de migrantes serán los que la Fiscalía les impute a ocho personas capturadas en la mañana de este miércoles en Capurganá, Chocó.

Fuentes le confirmaron a EL TIEMPO que los capturados hacen parte de una red de 'coyotes', dedicados a darles tránsito a ciudadanos extranjeros por el Chocó hacia Panamá.

Los capturados estarían involucrados en el caso de la embarcación que hace un mes naufragó tras partir de Capurganá, un corregimiento de Acandí, (Chocó), fronterizo con Panamá, hacia el país centroamericano.
En este trágico episodio perdieron la vida 19 africanos (10 niños y nueve adultos), y quizá otros cinco cuyos cuerpos no fueron recuperados.

Los cuerpos fueron recuperados en los días que siguieron al naufragio y terminaron siendo enterrados en el cementerio de Acandí como CNI (Cuerpos No Identificados).

La investigación fue adelantada en conjunto por Migración Colombia, la Policía Judicial, Dijín-Interpol y la agencia ICE de Estados Unidos.
Los capturados, entre ellos el jefe de la red de trata de migrantes, la mujer que les dio posada la noche anterior al naufragio y el lanchero, están siendo trasladados a Medellín, donde esta tarde se llevará a cabo la legalización de las capturas.

Finalizado este proceso, no se descarta que Estados Unidos los pida en extradición.

AUMENTA A 411 EL NÚMERO DE MILITARES VENEZOLANOS QUE HUYERON A COLOMBIA



Las deserciones comenzaron el pasado 23 de febrero, cuando un grupo de voluntarios intentó ingresar desde Colombia y Brasil la ayuda humanitaria.
Por: EFE

Al menos 85 militares venezolanos desertaron y entraron en Colombia en las últimas 24 horas, con lo que ya son 411 los uniformados que han cruzado la frontera desde el pasado 23 de febrero, informaron este miércoles fuentes oficiales.

La mayoría de estos militares (328) se presentaron ante la delegación regional Oriente de Migración Colombia que abarca los departamentos de Santander y Norte de Santander, cuya capital es Cúcuta y que alberga el principal paso fronterizo con Venezuela, según detalló esa entidad.

En el área metropolitana de Cúcuta están los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Tienditas, además de innumerables pasos ilegales a través de trochas.

Ante la sede de Migración Colombia en la Orinoquia, que incluye los departamentos fronterizos de Arauca, Guainía, Vaupés y Vichada, se presentaron 37 militares venezolanos.

Al departamento de La Guajira (norte) llegaron 26 militares, mientras que en el resto de la región caribeña se presentaron 6, en la región andina 7, en la zona occidental 6 y uno más llegó a Antioquia, cuya capital es Medellín.
El director general de Migración Colombia, Christian Krüger, explicó ayer martes que algunos de estos militares llegan a Colombia con uniforme y armamento, mientras que otros lo hacen de civil y en ocasiones acompañados de sus familias.

Por eso, Krüger comentó que ante esa situación varias entidades colombianas están trabajando "eficientemente y rápidamente" en cada uno de los casos que atenderán de manera individual.

Además, destacó que a su llegada solicitan refugio, por lo que cada caso es analizado por la Cancillería para darles una respuesta conforme a la información que aportan y tras un "trabajo de verificación".
Las deserciones comenzaron el pasado 23 de febrero, cuando un grupo de voluntarios intentó ingresar desde Colombia y Brasil la ayuda humanitaria colectada por una coalición internacional y que busca aliviar la crisis que se vive en Venezuela.


EN MANOS DE REGISTRADURÍA POSIBLE EMBARGO A DINERO DE CAMPAÑA PETRO




El Consejo Nacional Electoral dio traslado del caso al organismo, por ser esta entidad la ordenadora del gasto.

La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que no es competente para definir la solicitud de embargo que presentó la Contraloría de Bogotá de los recursos de reposición que le corresponden al movimiento Colombia Humana, de Gustavo Petro.

El órgano de control aseguró en su momento que ese dinero debe ser entregado para cubrir parte de la multimillonaria multa que Petro debe pagarle a la ciudad, por haberle causado un detrimento patrimonial con las decisiones que tomó como alcalde sobre el esquema de recolección de basuras y las tarifas de Transmilenio.

Los magistrados del tribunal electoral aseguran que debe ser la Registraduría Nacional del Estado Civil la que tome una decisión, ya que esa entidad es la competente en el manejo de los recursos.

“La sala plena del Consejo Nacional Electoral decidió dar traslado, por competencia, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la solicitud que hizo el pasado 18 de febrero la Contraloría Distrital y Bancolombia el 19 de febrero, y otros acreedores”, señala el comunicado del CNE.

“Según establece en el artículo 38 de la Ley 130 de 1994, la administración del fondo será competencia del CNE y la ordenación del gasto corresponderá al Registrador Nacional del Estado Civil”, añaden.

La Contraloría de Bogotá también había ordenado un proceso de cobro coactivo por más de 40.000 millones de pesos en contra del hoy senador Gustavo Petro.

El Consejo Nacional Electoral le aprobó 23.871 millones de pesos a Colombia Humana y MAIS, organizaciones políticas que avalaron a Gustavo Petro, por los resultados obtenidos en la primera vuelta presidencial.

Según informaron fuentes de esa corporación, los recursos correspondientes a la segunda vuelta ascienden a alrededor de 50.000 millones.

MINDEFENSA Y EJÉRCITO RECHAZAN ACUSACIONES DE VIVANCO SOBRE FALSOS POSITIVOS



El director para las Américas de Human Rights Watch insistió en que el presidente Duque no debe promover oficiales con investigaciones.

El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional le salieron al paso y rechazaron las acusaciones del director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), quien señaló al Gobierno de Iván Duque de promocionar a nueve generales vinculados con el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales conocidas en Colombia como ‘falsos positivos’.
Entre los generales que cuestiona la ONG de Derechos Humanos está el nuevo comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, cuyos subordinados están investigados por 23 "falsos positivos" en 2005 cuando ejercía la comandancia segunda de la Décima Brigada Blindada.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, dijo que "ojalá no se siga ascendiendo y promoviendo a las altas responsabilidades dentro de los militares que tengan estos antecedentes".

"Colombia ha hecho una buena tarea investigando y condenando a los soldados, a los de a pie, pero hay más de 16 generales, muchos en retiro, que nunca han rendido cuentas ante la justicia", aseguró Vivanco 

No obstante, el Ministerio de Defensa reveló varios documentos que dan cuenta que el general Nicasio Martínez Espinel, comandante del Ejército Nacional, no tienen asuntos pendientes o investigaciones ante organismos de control como la Contraloría de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional.

En el documento de la Procuraduría, por ejemplo, se certifica que “una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el (la) señor(a) NICACIO DE JESÚS MARTÍNEZ ESPINEL identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 19467897, no cuenta con antecedentes”.


EL EJÉRCITO NACIONAL PARTICIPA EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META



Los soldados han participado en apagar las conflagraciones que se han presentado en más de 10 ocasiones en esta zona del país, en apoyo a los organismos de socorro.
En el marco de la gestión y atención del riesgo de desastres, soldados de la Séptima Brigada apoyan a la comunidad en extinguir un incendio en la reserva forestal ubicada en la vereda Las Villas.
Las llamas alcanzaron a consumir 150 hectáreas ubicadas en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán, Meta, hasta ese lugar acudieron los soldados con los equipos requeridos, evitando que el incendio aumentara y pusiera en riesgo a más de 50 familias que viven en el sector
El trabajo llevado a cabo con el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y la comunidad, ha permitido prevenir que la flora y fauna de la región se vea afectada por las altas temperaturas producidas por el verano y el calor del fuego.
Los soldados cada día se capacitan y entrenan, con el objetivo de estar dispuestos y preparados para la atención cualquier emergencia producida por algún fenómeno natural, bajo la premisa de salvaguardar la vida e integridad de nuestros compatriotas.

Séptima Brigada




GAS NATURAL PARA 18 MUNICIPIOS


Familias de estrato 1 y 2 de 18 municipios del Meta, se beneficiarán con el proyecto que se firmará con Llanogas, para que más de 8.300 hogares puedan contar con gas domiciliario.

POR SOLICITUD DE MUCHOS ESTAMOS HACIENDO PRESENCIA NUEVAMENTE

Después de cinco meses de estar ausente este importante medio de comunicación en redes, y   a solicitud de muchos lectores hemos decidido ...