El gremio de los
operadores móviles (Asomovil) y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios
Públicos y Comunicaciones (Andesco) hicieron un pronunciamiento en contra del
Gobierno, tras la decisión del Tribunal de Arbitramento que obliga a Claro y
Movistar Colombia, a pagar cerca de $ 4,7 billones por el litigio de reversión
de activos.
El sector vio con
preocupación la condena e hizo un llamado al Gobierno a revisar las reglas para
promover la economía digital y la inversión extranjera.
“El sector requiere
estabilidad jurídica, reglas de juego claras y una regulación acorde con las
necesidades de la economía digital que se impone a nivel mundial, de manera que
se garanticen las inversiones de mediano y largo plazo, fundamentales para la llegada
de nuevas herramientas que requieren mayor velocidad, calidad y cobertura”,
afirmó Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomovil.
Otro de los casos que
hizo generar la crisis entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones y los gremios, fue la exigencia a TigoUne para devolver el
espectro restante y así, poder participar en la próxima subasta que hará el
Gobierno de 700Mhz (esto tras la unión entre Tigo y Une).
El desarrollo de las
telecomunicaciones está en juego y no materializado, por tanto, la preocupación
radica en si es necesario o no seguir invirtiendo para generar mejores
servicios.
“Para la Asociación
Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones es indispensable
consolidar una política pública sectorial que promueva la inversión para lograr
afianzar la entrada del país al mundo de la economía digital”, explicaron en un
comunicado.
Así las cosas en los
próximos días, se entregará una propuesta al Gobierno nacional para promover la
inversión y la racionalización de los montos de las contraprestaciones, entre
otros temas.
Finalmente, piden que
los recursos que tiene el Fondo de las TIC sean siempre destinados al sector y
su promoción.