Las Comisiones Primeras
conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate un proyecto de ley que
permitiría la incorporación de varios guerrilleros desmovilizados a la planta
de la Unidad Nacional de Protección.
El ministro del
Interior, Guillermo Rivera, dijo que esto hace parte de los compromisos
adquiridos en La Habana para garantizar la seguridad de los jefes de las Farc.
“Busca que los
exguerrilleros puedan ser formados como escoltas, puedan hacer parte de la
planta de la Unidad Nacional de Protección y puedan prestarle servicios de
seguridad a algunos exintegrantes de las Farc, pero en esquemas combinados con
la Policía”, señaló.
El senador y ponente,
Hernán Andrade, explicó que el Estado tendrá que destinar millonarios recursos
para cumplir con este proceso.
“Las cuentas que
hicimos dan que son cerca de 60 mil millones de pesos que le costarían al
Estado la reincorporación de estos funcionarios”, manifestó.
El Centro Democrático
cuestionó que en pleno proceso de entrega de armas de las Farc el Gobierno y el
Congreso quiera dotar a exguerrilleros de nuevas armas legales.
El representante Samuel
Hoyos dijo que “lo más grave de esto no son los 1.200 guerrilleros que
recibirán armas de la UNP, sino que habrá 100 funcionarios en esa entidad que
pertenecen a las Farc con acceso a la información sobre los esquemas de los
protegidos, sus desplazamientos, información sobre sus familias”.
El Gobierno confirmó
que actualmente hay 315 exguerrilleros de las Farc que entraron al proceso de
selección de la Unidad de Protección para capacitarlos como nuevos escoltas.